El Gobierno Nacional radicó en septiembre de 2025 la Ley de Financiamiento, con la meta de recaudar cerca de $26,3 billones COP para cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación 2026.

El proyecto de presupuesto original fue presentado por $557 billones COP, equivalentes al 28,9 % del PIB, de los cuales esos $26,3 billones dependían de la reforma tributaria. Tras su paso por las comisiones económicas, el Congreso recortó $10 billones y finalmente, en la votación plenaria del Senado del 16 de octubre de 2025, aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 por $546,9 billones COP.

Lo aprobado mantiene una estructura similar a la propuesta tras el recorte en comisión, pero obliga a ajustar la Ley de Financiamiento: ahora la reforma tributaria debe aportar $16,3 billones COP, en lugar de los $26,3 billones inicialmente planteados, para cuadrar las cuentas fiscales.

¿Qué está en juego?

  • Sostenibilidad fiscal: el Gobierno afirma que la reforma permitirá cumplir con la regla fiscal y mantener la confianza de los mercados.
  • Carga tributaria: se proponen ajustes en IVA, renta, patrimonio e impuestos sectoriales.
  • Impacto social: los recursos financiarán programas de inversión, subsidios sociales y proyectos estratégicos de infraestructura.

Riesgos para el sector del crédito

  • Encarecimiento de préstamos: nuevas cargas tributarias podrían trasladarse a mayores tasas de interés.
  • Margen reducido en intermediación: menor rentabilidad limita la colocación en segmentos de alto riesgo.
  • Posible aumento de morosidad: deudores con menor liquidez enfrentan mayor riesgo de caer en mora.
  • Exclusión financiera: la restricción en la oferta puede empujar a algunos sectores al crédito informal.

Oportunidades 

  • Confianza macroeconómica: La aprobación de la ley podría dar señales de estabilidad fiscal, aunque gremios advierten que el efecto dependerá de la carga impositiva sobre el sector financiero.
  • Planeación más clara: Un marco tributario definido permitiría a las entidades ajustar mejor sus estrategias, siempre que los costos adicionales no limiten el crédito.
  • Inversión social: Si el recaudo se destina a proyectos productivos, puede estimular la demanda de crédito; sin embargo, persiste la crítica de que no resuelve problemas estructurales del sistema tributario.

Contenido por: COLCOB – ASOACIÓN COLOMBIANA DE LA COBRANZA